PERIODISTAS PIDEN QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACCESO A LA INFORMACIóN PúBLICA

21 de Mayo, 2012

Periodistas piden que se cumplan las normas de acceso a la información pública

"Queremos preguntar". Así los periodistas reclamaron que los funcionarios se presten a responder las preguntas de la prensa. Semanas atrás comenzó una campaña exigiendo al Gobierno Nacional que responda preguntas y transparente la información oficial, defendiendo así "el derecho del pueblo a saber".

Semanas atrás comenzó una campaña a través de la cual, los periodistas no alineados al Gobierno Nacional reclaman que este "se abra" y permita las conferencias prensa, responda preguntas y transparente la información oficial, defendiendo así "el derecho del pueblo a saber", afirman.

La primera presentación resonante de este espacio de profesionales de la prensa se hizo en el programa Periodismo Para Todos, que se emite por canal 13 y conduce Jorge Lanata, el domingo pasado cuando reclamaron al grito de "queremos preguntar".Ahora, este colectivo de profesionales, emitió un documento donde, además del pedido anterior de que los funcionarios públicos se sometan a las preguntas de la prensa, se solicita que se facilite el acceso a la información pública, a cualquier ciudadano.

El nuevo documento

"Los hechos son sagrados, las opiniones son libres". Este concepto, enseñado en todas las universidades del mundo, conserva su espléndida vigencia. El acceso irrestricto a los hechos y a las opiniones define la calidad de la libertad de prensa. Ella, a su vez, es una condición de la calidad de la democracia. Para garantizarlas, el Estado argentino ha suscripto: La Declaración Universalde los Derechos del Hombre (art. 19) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) La Convención Interamericanade Derechos Humanos (art. 13)  

Más aún, el Decreto 1172/2003 firmado por Néstor Kirchner ordenó a todo funcionario público  “permitir el acceso a la información en el momento en que le sea solicitada o proveerla en un plazo no mayor de diez días”. El gobierno, sin embargo, incumple por sistema todos y cada uno de  los compromisos asumidos. Los periodistas tenemos crecientes dificultades para acceder a la información. Esto ocurre a nivel nacional, provincial y comunal. A la distorsión de las estadísticas, se suma la decisión oficial de bloquear la información acerca de los actos de gobierno, eliminando sitios institucionales  que la contenían o haciendo desaparecer de ellos datos que ya habían estado disponibles.

Un ejemplo claro es el de los informes dela Sindicatura Generaldela Nación(SIGEN), que por el art. 11 del decreto del PEN 11702/3 ya no figuran on line y a los que sólo se puede acceder tras presentación personal bajo número de documento. Esos informes, se subraya, son propiedad de cualquier ciudadano y no del gobierno. La información parcial, sesgada o ausente es un problema para las mujeres y hombres de prensa, pero sobre todo para la ciudadanía, obligada a  juzgar hechos que sólo conoce parcialmente.

Maquiavelo, que conocía el alma del poder y hablaba como un periodista, sostenía: “Todos nuestros príncipes tienen un propósito y puesto que nos es imposible conocer sus secretos, nos vemos obligados a inferirlos de las palabras y los actos que ejecutan y en parte a imaginarlo”. El gobierno ha llevado ese secretismo hasta la exasperación, pero se enardece cuando intentamos indagar en aquello que nos impide saber.

La idea de libertad de prensa es parte de la modernidad, que liquidó los privilegios de nacimiento y  postuló la defensa de los derechos sociales para los sectores oprimidos. Es hija de la democracia y vino a reparar la asfixia  y las inequidades del absolutismo. Defenderla no es bregar por  las ventajas de unos  pocos sino velar por la necesidad de las mayorías.  En nuestro primer documento, respaldado por casi 150 periodistas, hicimos foco en la ausencia de conferencias de prensa; esto es, la negativa de los funcionarios de gobierno a rendir cuenta de sus actos, un  aspecto sustancial del acceso a la información. Hoy reclamamos la plena vigencia de todas las normas que garantizan el derecho del pueblo a saber de qué se trata.

Fuente: El Territorio

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