INVESTIGACIONES DETECTAN PROBLEMAS EN EL ACCESO A LA INFORMACIóN PúBLICA

29 de Mayo, 2013

Investigaciones detectan problemas en el acceso a la información pública

Dos estudios realizados por la ADC y ACIJ detectaron falencias en la forma en que el poder ejecutivo responde a los pedidos de acceso a la información. Respuestas incompletas, demoras injustificadas y falta de contestación, algunos de los problemas más graves. El acceso a la información pública está garantizado en el decreto 1172/03 que tiene como objetivo el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil para así lograr desarrollar una democracia transparente.

Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se propusieron poner a prueba el funcionamiento del derecho al acceso a la información pública garantizado en el decreto 1172/03. Esta norma tiene como objetivo el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil para así lograr desarrollar una democracia transparente. Al amparo de este decreto, la ciudadanía debería poder ejercer un verdadero control de los actos de gobierno mejorando así las instituciones y renovando su confianza en ellas.

Conscientes de este objetivo, ambas organizaciones quisieron conocer cómo esta herramienta funciona en la práctica. Para ello, durante el 2012 y de manera separada realizaron pedidos de información a diferentes dependencias públicas y monitorearon su evolución. El objetivo fue realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento de esta herramienta y evaluar el nivel de cumplimiento del decreto por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
 
Los resultados que arrojan ambas investigaciones no son los más alentadores.
 
En el caso de ACIJ de 44 pedidos de información realizados 14 no fueron contestados y 14 fueron contestados fuera del plazo de los diez días. En el caso de ADC, de 49 pedidos realizados, el 47% fue respondido de manera satisfactoria y el 53% fueron respondidos de manera incompleta, de forma negativa, o directamente no fueron respondidos. Además, también se registraron retrasos en el 55% de los pedidos que fueron contestados.
 
En lo que al análisis cualitativo se refiere, el escenario no es mucho mejor: omisión a responder a ciertas preguntas, respuestas incompletas y remisión a páginas de Internet en donde la información no está o es extremadamente difícil acceder a ella.
 
Las conclusiones a las que han llegado por diferentes caminos evidencian respuestas incompletas a los pedidos realizados sin justificación de las razones por las cuales no se contesta la pregunta y demoras injustificadas. Además, las dependencias invocan excepciones reglamentarias con el sólo objeto de volver secreta información que es evidentemente pública. El diagnóstico al que llegaron a través de estas investigaciones es que la respuesta a los pedidos es sumamente dispar y en la mayoría de los casos carente de los requisitos necesarios para hablar de un verdadero derecho garantizado.
 
Teniendo en cuenta este estado de situación, desde ACIJ y ADC consideran que la única forma de modificar el escenario actual de silencio por parte de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo y establecer criterios interpretativos sobre qué se entiende por dato reservado para así finalizar con la discusión sobre derecho a la privacidad y libertad de acceso a la información, es la sanción de la demorada ley de acceso a la información pública.
 
Descargue los informes aquí:
 

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